La diputada Rocío González, explicó que la aprobación de la denominada Ley 3 de 3 busca quitarle derechos político electorales a agresores sexuales, deudores alimenticios o que haya incurrido en violencia familiar.
Todos aquellos que tengan una sentencia firme por la comisión de algunos de los delitos antes mencionados no podrán tener un empleo o cargo de elección popular en ninguno de los tres órdenes de gobierno.
La legisladora explicó que se tomaron en cuenta los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues seguramente habrá personas afectadas que recurrirán a juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía o Amparos.
Indicó que el Senados buscaba la suspensión de los derechos desde el momento en que se presentara la denuncia, sin embargo, era muy probable que la Corte la invalidara, por ello se hicieron modificaciones y su aplicación será cuando exista sentencia ejecutoria.
Lalo Arballo