Este jueves se cumplió un mes del incendio en Ciudad Juárez que acabó con la vida de 40 personas, todos ellos migrantes en busca de una mejor vida en Estados Unidos.
El reclamo de justicia y la sensación de impunidad aún permanece, no solo en los familiares que hace 32 días recibieron una de las peores noticias en sus vidas, sino en el resto de los mexicanos que todos los días se enfrentan con la ineptitud de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
México, en un acto de insensibilización se convirtió en el muro que el ex presidente Donald Trump quería durante su gobierno y, se doblegó ante los caprichos de un mandatario racista, que con amenazas dijo que incumpliría actos de comercio pactados en el TMEC, si no se aceptaban a todos los migrantes que ese país deportara, como si no existieran tribunales internacionales.
A partir de ese momento a la fecha se ha permitido el ingreso de personas del centro y sur de América, sin ningún tipo de regulación ni acompañamiento, siendo víctimas de violaciones a derechos humanos, en todos los sentidos.
Pese a la pérdida de la vida de 40 personas y otra lesionadas, el director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, permanece en el cargo y con su imputación pendiente, aunque la Fiscalía General de la República lo acusó de manera formal de negligencia.
Cabe señalar que desde el 27 de marzo, el escrutinio internacional sobre el rol del gobierno de México ha crecido tras la muerte de 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador considera un “crimen de Estado”.
Lalo Arballo