El presidente de Desarrollo Económico, Sergio Mendoza, señaló que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa será benéfica para México, ya que además de atentar contra la presunción de inocencia, es una figura que puede utilizarse hasta para fines políticos.
Lo anterior, tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien encontró al Estado Mexicano culpable por las penas anticipadas en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes desde el año 2002 permanecieron sujetos a prisión preventiva oficiosa por homicidio y recibieron sentencia condenatoria hasta el 12 de mayo de 2022.
El 23 de noviembre de 2019 los acusados fueron puestos en libertad y quedaron bajo arresto domiciliario obligados a usar brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, aunque en marzo pasado un juez absolvió a Alpízar por falta de pruebas.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, instó al Estado mexicano a eliminar la figura del arraigo preprocesal y adecuar la prisión preventiva oficiosa para cumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Actualmente, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y automática que se aplica ante delitos considerados graves como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, y que puede encarcelar a un imputado sin condena previa por un plazo máximo de dos años.
A finales del pasado año, la Suprema Corte discutió un proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero no se lograron los votos necesarios.
Lalo Arballo