La revisión de la Cuenta Pública 2021 del Municipio de Chihuahua, que de enero a septiembre correspondió a la hoy gobernadora Maru Campos y los últimos meses del año al actual presidente municipal, Marco Bonilla, dejó sin cobrar más de mil 405 millones de pesos de impuesto.
Eso arroja el resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, la cual fue entregada a la Comisión de Fiscalización el pasado 13 de diciembre.
Según el informe de resultados, la primera observación a la cuenta de la capital asienta que no se realizaron acciones efectivas para recuperar el adeudo por motivo de este impuesto municipal, por lo que a ese año había un rezago no ingresado a las arcas municipales por mil 405 millones 645 mil 714 pesos.
“El Gobierno municipal omitió llevar a cabo mecanismos efectivos para el cobro del impuesto predial (…) lo que contraviene el Código Fiscal del Estado de Chihuahua”, asienta el resultado de la revisión.
En el documento oficial de la ASE fueron enlistados los mayores deudores que existen en la capital, con las claves catastrales correspondientes, pero sin exhibir los nombres de los titulares.
En esos 20 casos aparecen deudores de entre 12 y hasta 192 bimestres, es decir que las cuentas sin cobrar datan desde 2018 hasta el año de 1987, por lo que las sumas acumuladas de rezagos por cada cuenta van de los dos millones 410 mil pesos, hasta los 30 millones 533 mil pesos.
La respuesta del Gobierno municipal ante dicha observación de la ASE fue que no se puede culpar a una sola administración de ese rezago, debido a que hay cuentas no cobradas desde hace más de 30 años, responsabilidad que tocaría a otras administraciones municipales.
Sin embargo, la autoridad fiscalizadora respondió que sus observaciones no se realizan apegadas a la temporalidad de una u otra administración, sino que corresponden a acciones institucionales independientemente de a cuál administración correspondan.
Por ello, la ASE recomendó a la autoridad municipal intensificar las labores de cobro del rezago existe, mediante las herramientas que la propia ley contempla para estos casos, y hacerlo de forma eficiente, con la suficiente evidencia jurídica de que está cumpliendo con dicha tarea.
Lalo Arballo