La gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, señaló que el Estado cumplirá con las medidas cautelares que brindó a los Jesuitas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior, tras el asesinato de dos sacerdotes en Cerocahui y un guía turístico, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según la solicitud, las personas beneficiarias han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona. En junio de 2022 dos sacerdotes fueron asesinados en el interior de la iglesia, ello había desatado además un contexto de estigmatización y deslegitimación a los propuestos beneficiarios tras sus denuncias y actuaciones ligadas a la investigación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y cuestionamientos alrededor de su postura acerca de las políticas de seguridad del Estado.
Considerando el contexto de violencia e inseguridad que afecta especialmente a los habitantes de la región de Tarahumara, Chihuahua, y tras analizar la información presentada por ambas partes, la CIDH consideró que las personas beneficiarias se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, se solicita al Estado de México que:
- Adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas, se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros;
- Adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra;
- Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y
- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
Lalo Arballo