El Pleno del Senado de la República aprobó, en unanimidad, el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, instrumento legislativo que busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.
La votación del proyecto en lo general obtuvo 114 votos a favor; mientras que en lo
particular se registraron 105 votos a favor de la propuesta.
El código consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen
transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera una vacatio legis de
cuatro años, es decir, se dará ese lapso desde la publicación de la norma hasta su
entrada en vigor.
La propuesta busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta,
completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio
de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos,
postulados y principios contenidos en la Constitución.
Asimismo, integra un modelo en el que se impulse el uso de las tecnologías de la
información en los procesos judiciales, con el objetivo de unificar los criterios y bases
normativas, a fin de materializar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución
de conflictos.
También integra las mejores experiencias en el sistema de impartición de justicia de
las entidades federativas a nivel nacional y tiene una clara y evidente tendencia
hacia la oralidad, la justicia digital, el respeto a los derechos humanos y la protección
de aquellas personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad.
La propuesta atiende a la situación propia y característica de aquellos justiciables
pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad; para ello, establece medidas
de protección, apoyos y ajustes de procedimiento para cada caso en particular.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares atiende y plasma a lo
largo de su extenso articulado, las bases y principios jurídicos contenidos en nuestra
Carta Magna, como norma básica y fundamental del cual deben desprenderse todas
las demás normas del orden jurídico positivo.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda, aseguró que se trata de una reforma progresista que pondrá a
nuestro país a la vanguardia y ayudará a brindar a las y los justiciables una justicia
pronta y expedita como lo establece la Constitución.
“El derecho civil y familiar nos impacta en toda nuestra vida; les pido su voto para
aprobar este dictamen tan significativo en la vida nacional. Reconozco el esfuerzo de
las comisiones, de todos los senadores y los diputados que nos acompañaron, y los
exhorto a seguir escuchando las necesidades de las entidades federativas para
poder consolidar reformas como esta”.
El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Lalo Arballo