Entre la Polémica y la Realidad

En los últimos días, los pasillos del Poder Judicial de la Federación han sido testigos de un acalorado debate. La razón detrás de esta agitación es la propuesta de eliminar 13 de los 14 fideicomisos que respaldan al Poder Judicial de la Federación, con un valor estimado de más de 15,000 millones de pesos. Sin embargo, esta narrativa, que a menudo resulta polarizante, ha puesto en primer plano a los miembros del órgano de justicia federal en medio de esta controversia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un discurso que critica lo que considera privilegios en el Poder Judicial de la Federación, llegando incluso a calificarlos como un «pecado social». Sin embargo, esta retórica omite un aspecto fundamental: las largas jornadas y sacrificios que el personal del Poder Judicial de la Federación realiza, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche. Esto es especialmente relevante para aquellos que ocupan posiciones de alto riesgo al cumplir su deber, como los jueces y magistrados que emiten órdenes de aprehensión contra individuos peligrosos.

Es importante reconocer que estos fideicomisos pueden no beneficiar a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero también es esencial considerar quiénes y cómo se benefician de ellos. Es sencillo mencionar el monto de los fideicomisos y hacer que resuene entre la población para generar un discurso negativo hacia las instituciones que, curiosamente, se oponen a los mandatos del Presidente.

Es necesario situar estos ataques recientes en un contexto más amplio. Resulta intrigante que hayan sido ataques sistemáticos que se intensificaron cuando la Ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Estos ataques han dañado la percepción pública de los tribunales que buscan impartir justicia y han contribuido a la polarización constante en esta etapa de la Cuarta Transformación.

Indudablemente, la justicia en México requiere mejoras evidentes. Sin embargo, estas mejoras deben basarse en una evaluación minuciosa y una atención real a las necesidades del sistema judicial. Deben incluir la perspectiva de quienes dedican sus esfuerzos y servicios a la justicia, sin basarse en la polarización política.

 Lo que México necesita es justicia genuina y no meras dadivas.

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