El pasado 17 de enero, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, contestó en negativa, la solicitud para declinar al Poder Judicial de la Federación, la competencia del caso del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G.A. acusado de tortura y quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Ante esta negativa, un Tribunal Colegiado de Circuito, es decir una instancia mayor a los juzgados locales y federales, van a resolver quién de las autoridades federales o locales, tienen la capacidad y la responsabilidad de continuar con el proceso penal que mantiene activo el exfiscal Francisco G.A.
Así lo explicó el abogado Iker Ibarreche Pereda, quien se ha hecho cargo de llevar a cabo la defensa particular del detenido y quien reveló que la Fiscalía General del Estado, decidió declinar la competencia a la federación, pero que el Tribunal Superior del Estado, decidió que no iba a declinar la misma al juzgado de circuito, es decir, a los tribunales federales.
Ante tal negativa y no haber una solución entre ambas partes, explicó el abogado, que un Tribunal Colegiado, sería quien debe resolver la competencia del delito, lo cual es el siguiente paso, ya que existe un conflicto competencial, al no determinar o aceptar entre las partes, la autoridad que lleve este caso.
“La Jueza Hortensia García Rodríguez, nos notificó a la defensa, que la Fiscalía General del Estado, había informado que iba a entregar la carpeta de investigación a la fiscalía federal, en atención de que se había ejercido la facultad de atracción y que el juez federal había aceptado la competencia del caso, pero más tarde nos notifica que no va declinar la competencia al juez federal” explicó el abogado Iker Ibarreche Pereda.
Es decir que la Fiscalía de Chihuahua, estuvo de acuerdo con entregar la carpeta a la FGR, para que pudieran seguir con la investigación, pero el Poder Judicial del Estado, decidió negar esa entrega a un juzgado federal.
“No acepta inhibirse conocer del caso, atendiendo algunas cuestiones que dice, porque la Fiscalía General de la República, no justificó porque hizo la atracción, cuando el Juez Federal, ya lo había establecido diciendo que era una facultad exclusiva de la federación y por lo tanto es suficiente para que se ejerza la facultad de atracción” añadió.
Consideró como absurdo que a pesar de que la Fiscalía estatal, ya declinó la carpeta a la federación, la juez local se declare competente de llevar a cabo el proceso penal, cuando la Fiscalía General de la República, ya puede conocer de la investigación en contra del ex Fiscal Francisco G.A.
“Es tan absurdo, que como el órgano acusador, que era quien sostenía la acción penal frente a la jueza, acepta que no tienen a cargo la investigación, ahorita no hay un órgano que sostenga la acción penal frente a la jueza y no obstante, sostiene que sigue teniendo la competencia, lo cual es absurdo e insostenible” compartió el abogado.
La investigación en contra del exfiscal Anticorrupción, Francisco G. A., fue aceptada el día 11 de enero por un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de que la investigación pase a la competencia de la Fiscalía General de la República y deje de ser una investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Así lo dio a conocer el abogado defensor del ex Fiscal, Iker Ibarreche Pereda, quien confirmó que ese día se celebró una audiencia identificada con la causa penal 239/2022, en la que solicitaron al Poder Judicial de la Federación, que la federación atrajera la investigación, lo cual fue aceptado por el juzgado en cuestión para que sea de conocimiento de las autoridades federales.
El pasado 21 de noviembre, el ex Fiscal de Derechos Humanos, fue capturado por la Fiscalía General del Estado, por el delito de tortura y tratos crueles, luego de ser uno de los encargados del Operativo Justicia para Chihuahua, que fue un proyecto en la administración de Javier Corral, enfocada para la captura de ex servidores y personajes cercanos al ex Gobernador César Horacio D.J.
De acuerdo a la versión de los afectados que denunciaron estos hechos, Francisco G.A. y varios agentes de la Fiscalía, presuntamente los presionaban, amenazaban y torturaban para que declararan en contra de otros servidores públicos y en contra del mismo ex gobernador de Chihuahua.

