Pedimos a Senadores que no perjudiquen a la industria minera: Miguel Guerrero Elías

El empresario Miguel Guerrero Elías, habló de lo delicado que es poner en juego las concesiones de las compañías mineras, así como el agua para la extracción de minerales.

Y es que diputados de Morena, PT y Verde aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que el presidente de México envió a la Cámara, así como otros ordenamientos.

Guerrero Elías, envío un mensaje a los senadores de la república, para que analicen a propuesta de reforma y no lastimen a una industria que hoy juega uno de los papeles más importantes en el Producto Interno Bruto del país.

Recordó que la minería llega a los lugares más recónditos de forma responsable y conforme a derecho y brindan riqueza durante su operación.

La propuesta reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables.

Así, la duración total de la concesión podría alcanzar 80 años y no los cien que prevé la actual legislación.

Ello, después de que la Comisión de Energía, presidida por el morenista Manuel Rodríguez, había anunciado el aplazamiento de la reforma hasta septiembre, a fin de convocar a foros de parlamento abierto y revisarla con los actores involucrados.

¿Qué consideran las reformas a la Ley Minera?

Entre otros aspectos, el proyecto considera la cancelación de las concesiones en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico y contaminación que ponga en peligro los ecosistemas o la salud pública, obligando a informar sobre accidentes o incidentes graves en esta materia.

La iniciativa de modificaciones a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos plantea recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos del subsuelo para combatir los abusos de algunos privados en la explotación de los bienes de la nación.

Se establece la obligación de las personas concesionarias para llevar a cabo el uso eficiente y reúso del agua y, en su caso, la restauración del recurso hídrico.

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