Por: David Piñón
La corrupción evidente en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la alta concentración de poder reflejada en los ataques al Instituto Nacional Electoral y la impunidad con la que sigue operando el crimen organizado, son considerados los riesgos más graves que enfrenta México en el año 2023, según el reporte de la consultora Integralia.
“Este reporte analiza los diez principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad del país en 2023. El análisis se basa en una metodología de Integralia Consultores que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos. Cada riesgo presenta una probabilidad de ocurrencia distinta, que puede cambiar durante el año”, asienta la empresa en su informe dado a conocer el pasado lunes.
“La mayoría de los riesgos políticos que visualizamos se relacionan, de algún u otro modo, con el principal riesgo político hacia el final del sexenio: la creciente radicalización del presidente López Obrador, cuyos principales objetivos son asegurar el triunfo de su partido en 2024 y, con ello, garantizar la continuidad de su proyecto político. Para alcanzar estos propósitos, prevemos que el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales. En consecuencia, será un año de riesgo político alto”, advierte.
Los riesgos de 2023
La consultora enlista en primer lugar los embates contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral, desde tres frentes: intento del gobierno y de Morena para sesgar el proceso de nombramiento de cuatro consejeros electorales con perfiles afines (en el primer trimestre del año); problemas operativos y de gestión tras la aprobación de la reforma legal que reduce y modifica su estructura; y litigios por la implementación de la reforma (ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y tribunales laborales), lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Como segundo punto, Integralia considera que los grupos criminales aprovechan los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones a fin de operar con impunidad. Los actores locales son especialmente vulnerables, pues detentan el poder a nivel territorial. Ante la debilidad del Estado de Derecho, las elecciones de 2023 y el inicio del proceso electoral de 2024 aumentan la probabilidad de violencia política y electoral contra actores políticos y funcionarios públicos. Esto puede agravar la inseguridad pública y la ineficacia gubernamental.
En otro orden de ideas, la consultora identifica como otro riesgo las tensiones comerciales con EE.UU. y Canadá, por diversas disputas en el marco del T-MEC, derivan en deterioro económico e incertidumbre jurídica, particularmente por la política energética y la prohibición de importación de maíz transgénico.
“De instalarse paneles de controversias en 2023, México tendría altas probabilidades de perder en ambos temas, lo que resultaría en afectaciones y riesgos para la inversión privada”, señala.
Además, apunta que la hegemonía regional del partido mayoritario se agudiza con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa, con lo que aumenta el riesgo de concentración de poder e ineficacia gubernamental.
“El presidente López Obrador continúa promoviendo la militarización de tareas y responsabilidades civiles, lo que acrecienta la dependencia del gobierno hacia las Fuerzas Armadas y propicia más su empoderamiento político y económico. En los hechos, los militares incidirán con mayor frecuencia en la toma de decisiones político-administrativas, lo que aumenta la ineficacia gubernamental, la prevalencia de la corrupción y el desbalance de la relación cívico-militar”, agrega el informe en otro punto.
“En el quinto año de gobierno, continúa aumento de percepción y de ocurrencia de corrupción, así como la omisión de fortalecer las capacidades institucionales para combatirla, lo que aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental. Asimismo, la impunidad por la falta de sanciones penales propicia que las prácticas ilícitas sean recurrentes”, asevera.
Además, ve con riesgo alto que se intensifican los actos anticipados de precampaña de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República con autopromociones fuera del marco legal y celebración de eventos masivos, generando incertidumbre jurídica por la falta de apego a las normas electorales; ineficacia gubernamental por la desatención de asuntos centrales de los gobiernos federal y locales y divisiones internas en Morena.
“En cuanto a la oposición, prevemos que sus procesos de selección pueden contribuir al aumento de la polarización y los ataques reputacionales”, considera la firma.
Asimismo, observa que el Ejecutivo federal mantiene los ataques contra el Poder Judicial de la Federación con el fin de asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidad que son clave para el presidente, como la reforma electoral, la militarización, las políticas de “austeridad”, el magisterio educativo, entre otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Por otro lado, considera otro factor de riesgo en una recesión en Estados Unidos, lo que incrementa la posibilidad de enfrentar un mayor deterioro económico en México.
“Los efectos de una recesión se reflejarán en el sector exportador de México y en las remesas que recibe el país. Ante este panorama, el gobierno federal tendrá un margen bajo de maniobra para mitigar el impacto debido al poco espacio fiscal con el que cuenta”, apunta.
Finalmente, considera que las finanzas públicas se tornan más vulnerables por menores ingresos a los estimados, aumento de los costos de las obras de infraestructura insignia del presidente y la presión para concluirlas a tiempo, así como la ampliación de programas sociales y la urgente necesidad de otorgar apoyos a Pemex y CFE, lo cual aumenta los riesgos de deterioro económico.
AMLO ha elevado los niveles de riesgo
El informe de Integralia considera que los niveles de riesgo han crecido durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
“A partir de un modelo analítico, Integralia da seguimiento puntual a la evolución del riesgo político en México, por el que se entienden las acciones, decisiones u omisiones del gobierno(s) que pueden impactar adversamente la expectativa de retorno de inversionistas, la rentabilidad de empresas y/o la estabilidad democrática del Estado”, asienta. “Este modelo analítico se basa en seis factores de riesgo: ineficacia gubernamental, concentración de poder, incertidumbre jurídica, inseguridad pública, conflictividad social y deterioro económico”.
Con base en ello, considera que a cuatro años del inicio de la administración de López Obrador, han aumentado los niveles de riesgo de concentración de poder, incertidumbre jurídica, ineficacia gubernamental y deterioro económico, mientras que los de conflictividad social e inseguridad pública se han mantenido constantes.
Lalo Arballo