Rosa María Sáenz, integrante del Movimiento Estatal de Mujeres, dijo que esperan que la legislación local se armonice con la federal, para que, a los agresores sexuales, de familia y deudores alimentarios les sean suspendidos sus derechos político electorales.
Añadió que esa es la congruencia que deben tener los legisladores que aseguran ver por los derechos de los grupos que han sido maltratados por décadas.
“Si ejercen la violencia familiar contra un ser que es muy querido, es muy fácil que la vayan a ejercer contra otra persona de la sociedad”, así lo dijo la activista.